Guaidó le huye a las elecciones libres de su “transición”

¿No deberíamos estar en plena campaña electoral presidencial?

Según el guión de la oposición (que en este relato no es tal, sino gobierno transitorio), se está aplicando el artículo 233 de la Constitución Nacional, para llenar el vacío del inexistente gobierno de Nicolás Maduro, y por eso ya deberían haber sido convocadas unas  elecciones presidenciales.

Pero la verdad es que eso no habría ocurrido ni siquiera en el caso de que se hubiese concretado el derrocamiento de Maduro. Quienes están en la movida del 233 saben perfectamente que no convocarán elecciones en 30 días (como lo establece esa norma constitucional) y probablemente tampoco en varios meses.

Ya varios personajes de la jugada, incluyendo al autojuramentado presidente transitorio, Juan Guaidó, han advertido que es imposible. Pero, por si alguien tenía alguna duda, los redactores del Estatuto de Transición lo han plasmado en la letra de esa especie de ley que pretende ser supraconstitucional.

El artículo 26 de ese estatuto contiene el típico malabarismo jurídico para decir que se cumple con la norma constitucional, al mismo tiempo que se advierte que no se cumplirá. Leamos:

“Verificados los dos supuestos del artículo anterior, y en caso de imposibilidad técnica para convocar y realizar elecciones libres y competitivas dentro de los treinta (30) días continuos establecidos en el artículo 233 de la Constitución, la Asamblea Nacional podrá ratificar al Presidente encargado como Presidente provisional de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de conformar un Gobierno de unidad nacional que dará inicio a la segunda etapa de la transición democrática, según lo establecido en el artículo 2 del presente Estatuto, en el marco del artículo 333 constitucional.

Al amparo del artículo 333 de la Constitución, el mandato de dicho Gobierno provisional culminará con la juramentación ante la Asamblea Nacional del nuevo Presidente electo en las elecciones libres y competitivas que a tal efecto sean convocadas y organizadas por el Poder Electoral bajo todas las garantías establecidas por los estándares nacionales e internacionales de transparencia comicial, dándose lugar a la culminación del período presidencial 2019-2025, tal como lo establece el artículo 233 de la Constitución. A todo evento, las elecciones presidenciales deberán realizarse en el menor tiempo posible, tan pronto como las condiciones técnicas lo permitan dentro de un plazo máximo de doce (12) meses”.

Dictadura “parlamentaria”

La situación que se configura así es la de una AN que autoriza a su propio presidente para que sea el jefe del Estado, es decir, que concentre en sus manos los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Estatuto de Transición -que es una versión ampliada y recargada del decreto de Carmona por lo que se sospecha que proviene de las mismas fuentes jurídicas- contempla además una “cláusula residual”,  en la que la Asamblea Nacional se autoconcede el derecho a resolver todo lo no previsto, incluyendo, desde luego, la necesidad de aplazar las llamadas elecciones libres y competitivas aún después del plazo máximo de un año. Este es su contenido:

“Artículo 39. A los fines de asegurar la transición democrática, todo lo no previsto en el presente Estatuto será resuelto por la Asamblea Nacional en aplicación del artículo 333 de la Constitución”.

Tal como lo disponía el decreto de Carmona (pero con más artilugios jurídicos) el período sin elecciones se concibe como una etapa para las operaciones de tierra arrasada que impidan luego un retorno del chavismo por el voto popular. Para eso, el estatuto contempla disposiciones destinadas a ocupar todos los espacios de poder.

Uno de los focos es, obviamente, el Poder Electoral. Tomarlo por asalto es un requisito sine qua non para hacer las elecciones a las que denominan libres y competitivas.

También es primordial asumir de nuevo el mando del Ministerio Público, la Contraloría General y del Poder Judicial para poner en libertad y rehabilitar a figuras clave de la derecha que se encuentran en prisión o con sus derechos políticos restringidos, y también para privar de libertad e inhabilitar a los adversarios.

“La embajada” es el filtro

En estos puntos comienzan a surgir problemas. Ante la perspectiva de hacerse con el poder, cada uno quiere su cuota. Tan pronto se anunció que se crearía un comité de postulaciones para elegir a los rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral, se desató una pelea a cuchillo dentro de la misma AN. Todos los partidos quieren meter sus manos en el comité y, eventualmente, en el CNE.

La pugna trasciende los muros del Palacio Legislativo y se contagia en el ámbito de la “sociedad civil”. Las organizaciones no gubernamentales reclaman su pedacito de protagonismo, así como muchas individualidades, especialmente los que han llegado a esa categoría por la vía de las redes sociales, como prominentes influencers.  Algunos de esos factores se han encontrado con un obstáculo inesperado: “la embajada” está filtrando las listas y al parecer eso perjudica a las ONG católicas. En su onda bolsonarista, prefieren a las evangélicas, cercanas a la USAID y la CIA.

Esa pelea por las posiciones clave es apenas el preludio de lo que podría venir en etapas ulteriores del plan, cuando sea necesario definir la candidatura para las prometidas elecciones presidenciales libres  y competitivas, una decisión en la que -¡qué duda cabe!- “la embajada” también filtrará las listas.

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Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado